La incapacidad de tomar decisiones y administrar sus propios bienes (ya sea por una discapacidad o por el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer) crea un dilema moral en la mayoría de la familia.

Al final, ya sea mediante la incapacitación judicial o escrito en algún documento, debe quedar claro que el único fin del procedimiento es la protección de esa persona y de su patrimonio.

La propia persona afectada puede realizar una serie de acciones en previsión a una posible incapacidad, como son las siguientes:

• Escritura pública de previsión de Autotutela: en previsión de ser incapacitada judicialmente, la persona dispone el nombramiento del tutor y el funcionamiento de la tutela.

• Poder preventivo: es un tipo de poder que permite a una persona anticiparse a su falta de capacidad y delegar, para el futuro, en otra persona el cuidado de sus intereses, sin la necesidad de iniciar un procedimiento de incapacitación ni de nombrar un tutor.

• Documento de Voluntades Anticipadas: como hablamos en otro post, en este documento la persona puede indicar instrucciones para cuando se encuentre en una situación de incapacidad.

• Testamento: incluso si la persona ya está incapacitada judicialmente, es el notario al que le corresponde juzgar la capacidad de poder realizar un testamento (si no lo prohíbe explícitamente en la sentencia de incapacitación).