En la actualidad, estamos interconectados por las múltiples plataformas en internet: redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea… Ya apenas recibimos llamadas o sms, enviamos whatsapps, emails, compartimos opiniones en Facebook y Twitter como antes hacíamos llamadas o escribíamos cartas, por lo tanto, estas manifestaciones tienen ciertas consideraciones jurídicas.

La jurisprudencia ha calificado todas esta manifestaciones online como documentos privados, de la misma forma que se califica la correspondencia tradicional. En nuestro ordenamiento jurídico, y a los efectos de su aportación a un juicio, los documentos se clasifican en dos grupos:

• Documentos públicos: son los autorizados por notario, las resoluciones judiciales, las certificaciones de los registradores, y los expedidos por los funcionarios en el ámbito de sus funciones, y con arreglo a las leyes. Estos documentos sirven como medio de prueba plena en un juicio sobre el hecho de que tratan, su fecha y la identidad de las personas que intervienen.

• Documentos privados: son todos los demás, y que producirán efectos en un juicio si no son impugnados por la parte a la que perjudiquen. En otro caso será necesario utilizar cualquier medio de prueba que permita valorar su autenticidad por el tribunal.

Es evidente que los notarios no pueden convertir una comunicación electrónica en documento público, pero es cierto que pueden autorizar ciertas actas en las que, como dice el reglamento, se limiten a consignar “los hechos y circunstancias que presencien o les consten”. En definitiva, el notario puede realizar un acta sobre un contenido exhibido un ordenador, un sitio web o un terminal telefónico, y dejar constancia de lo que ve u oye en un momento determinado, pero debido a la complejidad del medio electrónico serán otros profesionales los que acrediten la veracidad de esos tuits, whatsapp, emails, etc.

Lo cierto es que estos documentos son muy importantes a la hora de demostrar acoso sexual, bullying, malos tratos, etc. Y que las Autoridades recomiendan mostrar la mayor cantidad de documentos privados para demostrar que los hechos que se están investigando son ciertos.